El Colegio de Veterinarios de Valladolid reitera el firme compromiso de la profesión con el uso responsable de los antimicrobianos y con la defensa de una regulación adaptada a las necesidades reales de los profesionales y de todas las especies animales que atienden. Por ello, estima que hay motivos para el paro simbólico convocado por los centros veterinarios de todo el país el próximo martes, 11 de febrero.
Tanto el Colegio como los centros veterinarios lamentan las molestias que puedan ocasionar a los propietarios de animales de compañía durante esa jornada, y solicitan que se utilice la cita previa. Como es sabido, desde el pasado 2 de enero, la aplicación del Real Decreto 666/2023, que regula el uso de medicamentos veterinarios en los centros veterinarios de animales de compañía, ha generado diversos inconvenientes en su aplicación, que afectan tanto al normal desempeño de la actividad de los profesionales como a la calidad de la atención que prestan a las mascotas.
Los veterinarios han confirmado su compromiso con el uso prudente y optimizado de los antimicrobianos, ante lo que es actualmente uno de los más graves problemas de salud pública global, que se constata al ser España el país europeo con mayor descenso en el uso de antimicrobianos en sanidad animal, con una reducción cercana al 70% desde 2014. Un ejemplo de este compromiso ha sido la retirada del uso de la colistina en veterinaria para reservarla exclusivamente para su aplicación en humanos.
Si bien el Real Decreto 666/2023 ya se ha implementado en los animales de producción, su aplicación en los animales de compañía presenta dificultades propias de la diversidad de especies y de sus particularidades fisiológicas, que requieren tratamientos específicos.
PRESVET y acceso a medicamentos
Uno de los aspectos que genera mayor inquietud es la necesidad de que el registro en PRESVET se adapte a la realidad del ejercicio veterinario en animales de compañía. Asimismo, es fundamental garantizar el acceso a los medicamentos necesarios para ofrecer una atención de calidad a cada especie, evitando barreras que dificulten la correcta prescripción y administración de tratamientos adecuados.
A ello se suman las desproporcionadas sanciones contempladas en la normativa, que crean un escenario de incertidumbre y desprotección para los profesionales del sector. Estas dificultades se agregan a los problemas estructurales que los centros veterinarios han venido denunciando en los últimos años, como el reconocimiento de los centros veterinarios como establecimientos sanitarios, la reducción del IVA del 21% en los servicios veterinarios, y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector.