La Guardia Civil, bajo la dirección de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, ha llevado a cabo la denominada operación ‘Galete’, que ha permitido desarticular un grupo delictivo dedicado a la pesca furtiva de atún rojo, y que ha contado con la colaboración de diferentes instituciones y entidades, entre ellas el Colegio de Veterinarios.
En total, han sido investigadas ocho personas por la supuesta comisión de los delitos contra la fauna, contra la salud pública, relativo al mercado y a los consumidores y pertenencia a organización criminal. Estos individuos operaban en las aguas de Málaga capital, introduciendo p las capturas de atunes en el mercado con documentación fraudulenta a través de una empresa mayorista de pescados y congelados de Málaga y de restaurantes ubicados en Marbella.
Pescadores y profesionales del sector pusieron en conocimiento de la Benemérita que varios individuos perfectamente organizados estaban ejerciendo la pesca furtiva de manera continuada, estando expresamente prohibida por encontrarse en época de veda. Durante la investigación se ha detectado la pesca furtiva de 16 ejemplares de atunes rojos, cuyos pesos aproximados oscilaban desde los 70 y 200 kilogramos.
Este tipo de prácticas ponen en riesgo la salud de los consumidores, ya que los pescados carecían de todo tipo de control sanitario. Además, la investigación ha revelado las pésimas condiciones de salubridad de los vehículos utilizados para su transporte y las malas condiciones higiénico-sanitarias de algunos de los atunes, siendo certificados por las autoridades sanitarias como “riesgo grave e inminente para la salud pública”, al poder causar intoxicaciones alimentarias graves a los consumidores.
Información de origen falseada
Aparentemente, estos establecimientos eran conocedores de la procedencia ilegal de los atunes, pero aprovechaban su actividad empresarial y comercial para blanquear estos ejemplares falseando la información de su procedencia, lo que les aportaba grandes beneficios económicos.
Han sido intervenidas dos embarcaciones de recreo, dos vehículos, cinco cañas profesionales con sus respectivos carretes específicos para este tipo de capturas, dos sondas, dos bicheros, cebos, anzuelos, hilos de pesca, entre otros útiles, los cuales han quedado a disposición judicial.
En la investigación, los agentes del SEPRONA han contado con la colaboración de la Comisión de Salud Pública del Colegio de Veterinarios de Málaga, los Servicios de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento de Málaga, la Fundación del Aula del Mar de Málaga y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que han aportado diversos informes periciales para sustentar los delitos imputados que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella.