Un total de dieciocho veterinarios especializados en actividades cinegéticas asistieron al curso anual de formación continua en este ámbito organizado por el Colegio de Veterinarios de Toledo. La parte teórica se desarrolló en Orgaz, mientras que las prácticas se realizaron en una sala de tratamiento de caza silvestre en Los Yébenes.
Durante el curso, se explicó a los alumnos las labores que deben ejecutar los veterinarios autorizados como actuantes en actividades cinegéticas, desde la inspección en campo de las piezas abatidas, la trazabilidad de las mismas con los precintos y los documentos de traslado hasta el análisis mediante la técnica de referencia de detección de triquina.
Además, se revisó la legislación vigente en esta materia y se expusieron los datos de la temporada 2023-2024, en la que se abatieron en los cotos de la provincia un total de veintidós jabalíes con triquinelosis y diecisiste gamos, ciervos y jabalíes con tuberculosis.
Estos casos fueron detectados gracias a la labor de los 78 veterinarios actuantes de Toledo, en colaboración con los veterinarios oficiales de Salud Pública, y muestran la importancia de la labor que desempeñan estos profesionales para garantizar la seguridad alimentaria.
Impacto de la caza en la provincia
Los ponentes del curso fueron Miguel Collado Jiménez, coordinador de Área del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Toledo; Alfredo Peña Rey, veterinario colaborador y con más de tres décadas de experiencia en actividades cinegéticas; José Luis Moreno Hernández, veterinario oficial de Salud Pública; y Judith Ballesteros Rodríguez, veterinaria oficial de Salud Pública. Todos ellos compartieron su amplio conocimiento y experiencia con los asistentes.
Sonia Gutiérrez Vilumbrales, vicepresidenta del Colegio, explicó que la entidad está “muy volcada con la formación continua de nuestros colegiados, más aún cuando se trata de un curso como este dedicado a una actividad con gran predicamento e impacto en nuestra provincia, y que tiene una incidencia directa en la protección de la seguridad alimentaria y la sanidad pública”.