El Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios lamenta la escalada de “confusión y desinformación” generado por las múltiples manifestaciones vertidas en los últimos días sobre la actuación veterinaria en los festejos de bous al carrer. Ante las acusaciones realizadas, el órgano autonómico quiere defender la “profesionalidad y el buen hacer” de los veterinarios oficiales tanto de la Consejería de Agricultura, que trabajan en las OCA’s (Oficinas Comarcales Agrarias) como de los de Sandad, que lo hacen en los mataderos, así como los habilitados por la Administración.
Según señala la vicepresidenta del Consejo, Natalia Gil, “su actuación ha sido clave para preservar la sanidad animal y la salud pública, o lo que es lo mismo, para hacer cumplir la legislación en materia ganadera y, en el caso de los toros cerriles, la referida a la seguridad alimentaria”. Los veterinarios oficiales y habilitados realizan una labor preventiva clave. Su intervención es determinante de cara a evitar posibles contagios de enfermedades entre los animales y entre éstos y las personas (zoonosis).
Un ejemplo evidente sería la tuberculosis, que afecta al ganado bovino pero que también sigue presente en humanos: en España se confirmaron 2.539 casos en 2022 en personas (según el Informe de zoonosis ‘Una sola salud’ de 2022 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Los planes de erradicación de esta enfermedad zoonótica han supuesto, de hecho, un gran esfuerzo para los ganaderos valencianos. En ocasiones -tras confirmarse algún foco- se han visto obligados a sacrificar sus animales.
Sin esa vigilancia permanente de los veterinarios, ni esa actitud comprometida por parte de los productores de bovino hubiera sido imposible llegar a los bajos niveles actuales de esta enfermedad en la cabaña valenciana. Sin esa labor conjunta resultaría también imposible, por otra parte, asegurar que los alimentos lleguen a los consumidores de forma sana y segura.
Control de trazabilidad
Para lograrlo -insiste Gil- “es fundamental controlar cada movimiento de los animales -su correcta identificación, número de reses desplazadas, granja de procedencia, tratamientos aplicados…- en definitiva, es ineludible asegurar el principio de trazabilidad porque contribuye a evitar el contagio de enfermedades a humanos por los alimentos o provocar toxiinfecciones por residuos peligrosos, como podrían ser los medicamentosos”.
El Consejo Valenciano quiere clarificar la situación generada por las “presiones” -las públicas y las ejercidas durante las últimas semanas a las autoridades- que han cuestionado la actuación de los veterinarios oficiales y habilitados por la Administración, porque las actuaciones de estos profesionales han sido conforme a la legislación vigente. “
Hablamos de veterinarios, que trabajan para la Administración o que han sido habilitados por la misma y que tienen una formación y capacitación especializada, y cuya función es velar porque la regulación en esta materia tan sensible se cumpla para evitar así incurrir en responsabilidades propias y/o de terceros. Es inconcebible que se pueda hablar de represalias, de intereses económicos o corporativos ocultos”. Y Gil insiste a este respecto: “Se limitan a hacer bien su trabajo”.
La participación del veterinario, por las razones expuestas, es necesaria y se ha de realizar con total respeto de las normas y los principios deontológicos. No es la primera vez que los veterinarios se ven cuestionados y atacados por el simple hecho de desempeñar de forma ética y responsable sus funciones.