José Ramón Caballero de la Calle, presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha, y José Ramón Encinas, vocal de esta organización, se han reunido con la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Laura Ruiz López. En el encuentro le han planteado los problemas que genera la normativa actual sobre inspección sanitaria de piezas de caza silvestre destinadas a la comercialización.
En concreto, han explicado a la directora general que el hecho de que sea responsabilidad de quien organiza la cacería proponer al veterinario actuante para la realización de la inspección ‘post mortem’ condiciona la independencia de ese profesional, debido a la vinculación económica entre gestor e inspector.
También le han señalado que los precintos para la identificación de piezas con destino a una sala de tratamiento son adquiridos, guardados y custodiados por el propio gestor. Este hecho evita que el veterinario de actividades cinegéticas, que es quien debe asegurar su trazabilidad, procedencia y supervisión, no tenga el control total sobre los mismos o que la autoridad competente pueda comprobar el origen y destino de esas carnes de caza.
Sistema de precintos y plan de formación
Para corregir estas situaciones, los representantes de los veterinarios han propuesto un convenio de colaboración con la Administración regional que incluye la gestión de los veterinarios actuantes por parte de los Colegios Profesionales, la generación de un sistema de precintos que aseguren la trazabilidad y un plan de formación para los veterinarios de actividades cinegéticas.
La directora general ha mostrado su interés por dichas medidas, que subsanarían los problemas actuales y contribuirían a una mejora de la salud pública, por lo que ambas partes se han emplazado a seguir trabajando en esta dirección en futuras reuniones.