Los Colegios de Veterinarios de A Coruña y Lugo han denunciado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2022 del Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esta demanda, que ya ha sido admitida a trámite, denuncia la exclusión del acceso a titulados y profesionales veterinarios a determinadas plazas que, en algún caso, venían desempeñando en este organismo de acuerdo a la RPT del año 2012.
Sin embargo, en la nueva propuesta se elevan hasta 44 las plazas destinadas exclusivamente al cuerpo de agrónomos y técnicos agrícolas, restringiendo el acceso al cuerpo de veterinarios, para el que únicamente se reservan 5 plazas. En concreto, el proceso iniciado por las entidades veterinarias de Lugo y A Coruña pone la lupa sobre un total de 29 plazas, distribuidas en las cuatro provincias gallegas, además de cuatro auditores en el área de dirección del Fogga y de la Subdirección Xeral de Xestión da PAC.
Así, un informe pericial incluido en la demanda refleja que los veterinarios deberían tener acceso a todas ellas, bien de modo exclusivo o bien en concurrencia con agrónomos. El Fogga es el organismo pagador de los fondos europeos agrícolas en Galicia, como son el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (Feader).
Imprescindible actuación del veterinario
Al amparo del primero se apoya a los agricultores y ganaderos a través de diferentes regímenes de pago, que están siempre condicionados al cumplimiento de normas en materia de seguridad alimentaria, protección del medioambiente y bienestar de los animales, así como en la estabilización del sector lácteo y los mercados agrícolas. En todas estas cuestiones, como es evidente, resulta crucial la intervención de un profesional de la veterinaria.
De hecho, en la actualidad los veterinarios del Fogga están desempeñando, entre otras funciones, los controles en explotaciones de vacuno, ovino-caprino, comprobaciones de cumplimiento de la legislación en materia de bienestar animal, inspecciones solicitadas por el Servicio de Intervención de Mercados o controles de la legalidad de los contratos lácteos entre la industria y los ganaderos.
Tareas técnicas
El presidente del Colegio lucense, José Luis Benedito Castellote, avanza que “esta actuación supone una vulneración clara de los principios de igualdad, capacidad y libertad de acceso, cuestiones que deben cumplirse en cualquier proceso de selección de personal. Por tanto, no existe ningún fundamento teórico para excluir de este modo a los profesionales veterinarios, ya que las funciones en cuestión pueden ser perfectamente desempeñadas por estos titulados”.
En este sentido, señala que “resulta completamente contradictorio que se excluya a los profesionales veterinarios de estos puestos, ya que se corresponden con tareas que solamente un técnico de este ámbito puede realizar, como la determinación de la aptitud de los alimentos para consumo humano, bienestar animal o medicamentos veterinarios”. En esta línea, Benedito destaca que “en el caso de que estas ocupaciones fueran asumidas por otro profesional de diferente sector estaríamos hablando claramente de intrusismo”.