Los veterinarios lamentan que no se hayan tenido en cuenta la inmensa mayoría de sus alegaciones a la Ley de Protección Animal

María Luisa Fernández Miguel, vocal de Pequeños Animales del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, ha insistido en que la participación de los veterinarios “es imprescindible en la elaboración de la Ley de Bienestar Animal, por sus conocimientos técnicos y científicos, porque son el eslabón más cercano a la ciudadanía y a sus mascotas”, al tiempo que ha lamentado que no se hayan incluido la inmensa mayoría de las más de setenta alegaciones presentadas desde los colegios de forma consensuada.

En un desayuno informativo organizado hoy en Madrid por la Fundación Artemisan, Fernández Miguel ha criticado la exclusión de los veterinarios de los órganos responsables de aplicar la nueva Ley, así como la indefensión en la que quedarán los veterinarios “al haber eliminado el criterio técnico profesional en la toma de decisiones en cuestiones tan importantes como la eutanasia, con una normativa que nos puede abocar a situaciones cercanas al maltrato”.

La representante del Consejo General ha señalado que la Ley de Bienestar Animal “es muy necesaria para unificar criterios sobre un asunto tan complicado, pero debe redactarse y aplicarse desde el sentido común y el rigor científico si de verdad se quiere luchar contra el maltrato, que supone la prioridad para los veterinarios”. En este sentido, ha explicado que tampoco aparece en el texto legal la figura del perito veterinario, esencial para atajar el fenómeno.

Desde que se conocieron los primeros detalles de la Ley, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España ha manifestado sus discrepancias con el contenido por su falta de concreción, en especial en lo referente a esterilización obligatoria, formación de propietarios, núcleos zoológicos, colonias felinas y sacrificio cero de animales, entre otros aspectos. Además, tampoco queda claro el perfil de los "expertos en comportamiento", ya otras personas pueden adiestrar o educar pero los rasgos patológicos debe tratarlos un veterinario.

Proyecto ideológico

Además de los veterinarios, el encuentro ha contado con la presencia de ingenieros de montes e ingenieros agrónomos, que han mostrado su oposición a la tramitación de un “proyecto ideológico” que tendrá nefastas consecuencias para millones de personas e incluso para los propios animales. El presidente de Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, ha destacado el compromiso del mundo rural con el bienestar animal.

Asimismo, ha denunciado el engaño al que se está sometiendo al mundo urbano con esta ley cuando se afirman que si el proyecto no se aprueba los animales quedarían desprotegidos. “Algo rotundamente falso y que persigue acallar las voces de quienes defienden que la ley debe ser elaborada siguiendo criterios técnicos y científicos, y no ideológicos”, matizó.

Durante su intervención, Christian Gortázar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), ha censurado que la ley se haya elaborado solo desde las actitudes de afecto defendidas por el activismo animalista, “sin contar con las de utilidad defendidas por ganaderos, cazadores y demás sectores defensores del uso de animales”.

Individuo antes que la especie

Asimismo, ha lamentado la falta de fundamento científico y técnico del proyecto de ley y que se priorice al individuo frente a la importancia de proteger a la especie y el ecosistema en general, destacando en este sentido como ejemplo la enorme pérdida de pool genético en la que derivará la obligación de castración. Igualmente, se ha referido al el problema que va a generar la ley por el fomento de colonias felinas cuando el impacto de los gatos sobre la biodiversidad es dramático, “con decenas de miles de millones de animales silvestres depredados cada año”.

El investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y ex director de la Estación Biológica de Doñana, Javier Castroviejo, ha señalado que la ley que se pretende aprobar, en lugar de preservar los derechos de los animales, los está eliminando y ha cuestionado la incongruencia de cuestiones como el por qué el concepto de maltrato animal se limita a los animales vertebrados y no a otros como los himenópteros sociales o los cefalópodos. “El proyecto tiene en contra la opinión de la comunidad científica, que trasladó su rechazo a la falta de rigor de la ley en una carta firmada por más de 800 investigadores que ha sido obviada por sus promotores,” concluyó.

Por su parte, Carlos del Álamo, del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, ha señalado la gran ambigüedad de la ley y la grave inseguridad jurídica que se deriva de ella y ha mostrado su rechazo a la errónea terminología que utiliza, equiparando a los animales con las personas.

Finalmente, el representante de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, Carlos Estarán, subrayó la necesidad de que la ley diferencie entre animales de producción y mascotas, y ha insistido en que de ninguna manera se pide que los primeros queden desprotegidos,” sino que es imprescindible que se legisle teniendo en cuenta su actividad y sus particularidades”.