La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado la resolución que determinó la inexistencia de maltrato animal de una veterinaria y de abandono por parte de la propietaria de un perro de Cantabria, al que se le practicó la eutanasia debido a su mal estado de salud. Ante las pruebas evaluadas, la Sección Tercera rechaza el recurso presentado por la Federación de Asociaciones de Derecho Animal (FADAN) y, de esta manera, confirma el auto anterior, de diciembre de 2020, emitido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Laredo.
Los hechos se remontan a principios de 2020 cuando el perro “Oso”, tras ser encontrado en la localidad de Limpias, fue llevado por un representante de FADAN a la clínica veterinaria denunciada porque se encontraba en mal estado. Una vez allí, se avisó a la propietaria del mismo, que lo estaba buscando desde hacía días, y después de comprobar su estado de salud, solicitó la eutanasia para evitar su sufrimiento. La veterinaria accedió a practicarla.
Fue entonces cuando la entidad presentó una querella contra la propietaria de “Oso” y la veterinaria, lo que le podría haber supuesto una pena de cárcel para ella. Sin embargo, el Juzgado de Laredo archivó la acusación, pero la FADAN recurrió en base al presunto dictamen pericial elaborado por una veterinaria colegiada en Madrid, que en ningún momento se trasladó hasta Cantabria para valorar personalmente al animal, sino que utilizó la información proporcionada directamente por la propia federación, sin cerciorarse de las circunstancias del asunto y del modo que precisa la elaboración de un adecuado informe pericial.
Irregularidades en el dictamen
Ante la gravedad de los hechos, la Comisión Clínica del Colegio de Veterinarios de Cantabria, formada por un comité de expertos, emitió un informe que presentó al juzgado dando cuenta de los fallos de dicho procedimiento. En este sentido, el escrito de la Audiencia Provincial señala que “a la vista del contundente informe emitido por Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria, obrante en la causa, no solo desautoriza sino que constata una larga lista de irregularidades cometidas durante la emisión del dictamen”.
El escrito es contundente en sus conclusiones y señala que de ningún modo se acredita la existencia de maltrato doloso al perro “Oso” por parte de la veterinaria denunciada, ni tampoco de abandono por parte de la propietaria del animal. Y añade que se pretende criminalizar su conducta “en base a sospechas huérfanas de toda prueba”.
Finalmente, el Colegio destaca la relevancia de que la justicia vuelva a dar la razón a una profesional gracias al rigor de su informe para esclarecer la verdad, pero lamenta que los ataques a la clínica veterinaria continúen en las redes sociales. En este sentido, recuerda otra sentencia pionera en la profesión veterinaria que considera que el acoso sufrido en redes sociales e Internet es una intromisión en el derecho al honor y condenó a una indemnización de más de 34.000 euros al autor de las mismas.