El juzgado de instrucción nº4 de Palma condenó el pasado noviembre por un delito de intrusismo un criador de perros de Mallorca a raíz de la denuncia del Colegio de Veterinarios de las Islas Baleares y de las investigaciones y posterior atestado de la Guardia Civil.
El tribunal ha considerado probado que el individuo, de 41 años, implantó microchips de origen desconocido en, al menos, cinco perros que crió "en una fecha no determinada" de los años 2017 y 2018, "sin tener el título de facultativo veterinario ", incurriendo por tanto en un delito de intrusismo previsto y penado en el artículo 403.1 inciso primero del Código Penal y en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias. La condena ha sido de doce meses de multa con una cuota diaria de 5 euros, resultando la pena 1.825 euros, además del pago de las costas del proceso.
Durante la intervención de la Guardia Civil, al margen de los microchips de los cinco casos descritos, se encontraron tres microchips más que debían ser implantados en otros animales, según la sentencia. Ninguno de ellos aparecía en ninguno de los registros, ni autonómico, ni estatal, ni europeo) de la red de identificación de animales de compañía.
Otros casos de intrusismo veterinario
Ramón Garcia, presidente del Colegio balear, entidad que ejerció de acusación particular en la causa, ha destacado que “este procedimiento ha servido para que se condene una de las actuaciones irregulares que sufre a diario nuestra profesión, pero que es muy difícil demostrar. Debemos informar de cualquier caso de intrusismo del que tengamos conocimiento por el daño que provoca al colectivo veterinario y por el riesgo que este tipo de actividades realizadas sin la cualificación adecuada pueden tener para los animales”. “Esta condena -añade Garcia- también es importante para que aquellas personas que conocen casos parecidos animen a denunciarlos y a informar de ello porque es la única manera que tenemos para combatirlos”.