El Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios recuerda al Consell que es inaplazable que el decreto de bous al carrer regule ya los controles veterinarios

El Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios (CVCV) –que in­te­gra a todos los ve­­­­­­­­­­­­­­­­terinarios de la Comunidad– confirmó durante la última Comisión de Festejos Taurinos Tradicionales ce­lebrada el pasado 25 de enero que la Generalitat no tiene intención de mejorar el decreto de bous al carrer en materia de bienestar y sanidad ani­mal. Su pre­si­denta, In­ma­cu­­lada Ibor, recuerda en este sentido que el proyecto para reformar este reglamento in­clu­yen­do los controles veterinarios estaba consensuado y ya superó en 2017 la fase de ale­ga­cio­nes. El propio José María Ángel, director de la Agen­cia de Seguridad y Respuesta a las Emer­gencias (AVSRE), reiteró durante aquel año que la me­­dida estaría vigente el 1 de enero de 2018. Sin embargo, el proceso iniciado se pa­­­ralizó y únicamente se ha impulsado ahora la regulación de las Escuelas Taurinas, los ‘Gran Prix’ y la posibilidad de cambiar una res con al­­guna incidencia sin un control veterinario de la documentación del nuevo animal. “Los ve­­­­te­ri­na­rios no tenemos nada ni a favor ni en contra de mejorar el festejo en los dos primeros aspectos pero sí insistimos en que es inaplazable asegurar un con­trol del bie­­­­nes­tar y de la sanidad ani­­­mal y velar por la salud pública. Si se­­guimos politizando esta cuestión podemos agra­var, ade­más, un pro­blema ga­nadero que padecemos y que es serio, el de la tu­berculosis bovina”, advierte Ibor. La Co­­­munidad Valenciana, de hecho, presenta una de las tasas de pre­­valencia de esta en­fermedad más altas del país y “al tratarse de una zoonosis, la falta de control veterinario puede degenerar en un pro­blema de salud pública”, recuerda la presidenta colegial.

A mediados del año pasado, el CVCV ya denunció la “falta de voluntad política” de la Generalitat para asumir sus compromisos en esta materia. El órgano colegial se manifestó así tras conocer la decisión anunciada entonces por la AVSRE, que aplazó a 2019 la reforma del reglamento ya pactada para integrar al ve­te­ri­na­rio. Según se ar­­­gumentó en­tonces, el retraso era necesario para acompasar tal medida con la nueva exi­gencia recogida en una dis­po­si­­­­ción de la Ley de Espectáculos que Les Corts introdujo a finales de 2017 para ha­cer obli­gatoria la presencia de un se­­­­gundo médico en los bous al carrer. “En 2015 ya se anunció que, como el resto de regiones con este tipo de tradición, la Comunidad iba a regular por fin el necesario control ve­te­rinario pero estamos a punto de acabar la le­gis­latura y no se ha avanzado en nin­­gún terreno: ni en mayor seguridad, ni en mejor cobertura sanitaria de los asis­ten­tes, ni en el bie­­­nestar y control ga­­nadero de las reses ni tampoco, en el caso de la carne de los toros ce­rriles, en la seguridad ali­­­men­ta­ria”, señala Ibor.

El CVCV recuerda que lleva desde 1998 –año de la primera regulación autonómica para los bous al carrer– rei­­­­­v­­indicando sin éxito la necesaria presencia de un veterinario habilitado. La Comunidad es, de he­­­cho, la única región es­pañola con este tipo de tradición en la que no se exige tal cosa. Esta situación ha contribuido de forma importante a que sea una de las autonomías españolas con una tasa de prevalencia de tuberculosis bovina más alta del país y la que peor evolución sufrió de esta enfermedad en 2017. Efectivamente, según datos del Informe Final Técnico-Fi­nan­cie­ro Tu­berculosis Bovina Año 2017 del Ministerio de Agricultura, en ése ejercicio la Comunidad se situó dentro del grupo de au­tonomías con una ‘alta prevalencia’ (aquellas con una tasa para el rebaño superior al 1%) y junto a Castilla la Mancha fue la única que no logró reducir este indicador. “En los bous al carrer participan ganaderos de las dis­­tintas autonomías, coincidiendo en ocasiones con otro tipo de especies animales y normalmente compartiendo ins­ta­la­ciones, cabestros y medios de trans­porte. De ahí que el riesgo de difusión de este tipo de enfermedades aumente tan­to”, explica Ibor, quien exige por ello el control veterinario que, por otra parte, recoge la propia Ley de Ganadería autonómica amén de la re­gu­lación es­pañola y comunitaria en materia de sanidad y bienestar animal, salud pública e incluso seguridad alimentaria.

En esta línea, el propio Ministerio de Agricultura ha alertado en el protocolo de actuaciones publicado que este tipo de fes­tejos son “la causa más importante de persistencia de la tuberculosis bovina”. Así se entiende también que la propia Con­selleria de Agricultura venga re­cla­mando desde hace años junto al propio CVCV el control veterinario de estas reses para evitar así un mayor impacto en el sector ganadero. El problema, como se avanzaba, podría derivar en un asunto de salud pública: España registra cada año en torno a 5.000 casos de tuberculosis -9 por cada 100.000 ha­bitantes- y es uno de los Estados miembros donde más casos humanos se notifican, por encima de los países de su entorno.