Integrantes del Colegio de Veterinarios de Lugo participaron ayer domingo en una manifestación convocada junto al Colegio de A Coruña en protesta por las restricciones impuestas por el Real Decreto 666/2023, un marco regulador que afecta gravemente al ejercicio de la profesión veterinaria y compromete la correcta atención sanitaria de los animales.
En esta concentración, que partió del Obelisco de la ciudad coruñesa y terminó con la lectura de un manifiesto ante la Delegación del Gobierno, los veterinarios reiteraron su compromiso con el uso responsable de los medicamentos y con la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, denuncian que la normativa vigente limita la libertad de juicio clínico, impone una burocracia excesiva y restringe el acceso a tratamientos, poniendo así en riesgo el bienestar animal y la salud pública.
En palabras del presidente del Colegio lucense, José Luis Benedito, “se trata de un reglamento contraproducente que deja de lado el criterio clínico de los profesionales de la veterinaria a la hora de pautar tratamientos que, en muchas ocasiones, son cuestión de vida o muerte para el animal”.
“Llevamos semana expresando nuestro malestar y demostrando la ineficiencia del sistema”, insiste Benedito, quien sitúa la manifestación como “un paso más, y ojalá que fuera el definitivo” para lograr reconducir una situación que “genera más problemas de los que pretende solucionar”.
Reclamaciones del colectivo veterinario
Entre las diversas denuncias del colectivo veterinario sobre la aplicación del Real Decreto 666/2023, subrayan que supone una gran carga administrativa para muchos profesionales, puesto que dificulta la rapidez y eficacia en la toma de decisiones médicas. Alertan también de que las limitaciones en la prescripción y acceso a determinados tratamientos pueden derivar en un aumento del sufrimiento animal, así como una mayor propagación de enfermedades que podrían haberse controlado con intervenciones tempranas.
Asimismo, consideran “excesivas” las sanciones contempladas en esta norma, que deberían ser “proporcionales a la facturación habitual en el sector” y también aplicar una “progresividad” de modo que se castigue a los profesionales reincidentes y no tanto a aquellos que cometen un error puntual.
Ante la falta de respuesta por parte de las administraciones, el Colegio de Veterinarios de Lugo, como parte del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, seguirá impulsando iniciativas que busquen corregir las deficiencias del actual marco normativo. Entre ellas, no se descartan nuevas movilizaciones ni el recurso a vías institucionales para trasladar sus demandas a los órganos legislativos pertinentes.